Sostenibilidad
Propuesta de Japón abre dudas sobre la descarbonización marítima
La ONG Opportunity Green advierte que los cambios al Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI podrían debilitar los incentivos para reducir emisiones y trasladar al sector privado decisiones sobre el financiamiento climático.
La propuesta de Japón para modificar el Marco de Cero Emisiones Netas (Net-Zero Framework, NZF) de la Organización Marítima Internacional (OMI) abrió un nuevo foco de tensión en las negociaciones sobre la descarbonización del transporte marítimo. Un análisis de la ONG Opportunity Green sostiene que los cambios planteados podrían alterar la estructura del acuerdo y dificultar el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la Estrategia Revisada de la OMI de 2023.
Uno de los principales puntos de controversia es la eliminación del Fondo de Cero Emisiones Netas, concebido como un mecanismo para financiar la transición energética del sector y apoyar a los países en desarrollo más expuestos a los efectos del cambio climático. Según Opportunity Green, el marco vigente permitiría generar entre US$10.000 millones y US$15.000 millones en ingresos adicionales y previsibles asociados al cumplimiento de las normas, recursos que podrían destinarse a tecnologías navieras de cero emisiones, energías limpias e infraestructura comercial resiliente.
La propuesta japonesa también contempla utilizar las denominadas Unidades Excedentarias (Surplus Units) como mecanismo principal para compensar déficits de cumplimiento e introducir un sistema de contribuciones directas administrado por la industria. Para Opportunity Green, este diseño modificaría la distribución de los recursos y del poder de decisión, al entregar a las empresas una mayor influencia sobre el destino del financiamiento.
La organización advierte que los grandes propietarios de flotas podrían orientar esos recursos hacia sus propias cadenas de suministro e infraestructura, en lugar de priorizar necesidades compartidas por el sector o inversiones en países con menor capacidad para financiar su transición. El cambio, sostiene, pondría en riesgo el principio de una transición marítima justa y equitativa, especialmente para las economías en desarrollo vulnerables al cambio climático.
Otro de los riesgos identificados corresponde a los incentivos para adoptar combustibles y tecnologías de bajas o nulas emisiones. El uso de Unidades Excedentarias para cumplir las obligaciones regulatorias podría permitir que las compañías compensen sus déficits sin acelerar sus inversiones en alternativas limpias. Opportunity Green plantea que este mecanismo podría prolongar el uso de combustibles con altas emisiones, incluido el gas natural licuado de origen fósil, y dificultar el cumplimiento de las metas de reducción comprometidas por los Estados.
Em Fenton, directora sénior de Opportunity Green, cuestionó el efecto de la iniciativa sobre la gobernanza del proceso. “Con la propuesta de Japón, los países se verían obligados a ceder al sector privado el poder de definir la transición marítima mundial, sin garantías ni salvaguardias que aseguren la justicia y la equidad”, afirmó. La representante agregó que los países en desarrollo vulnerables al cambio climático serían quienes asumirían las mayores consecuencias.
Las modificaciones se discutirán durante las negociaciones previstas para noviembre y diciembre en Londres, donde los Estados miembros deberán abordar la adopción del NZF. Opportunity Green instó a preservar los principios centrales del marco acordado y mantener el mecanismo de financiamiento previsto, al considerar que constituye una herramienta para avanzar en la descarbonización y respaldar a los países que deben cumplir sus obligaciones internacionales en materia climática.
La controversia refleja una discusión central para el transporte marítimo internacional: cómo distribuir los costos de la transición energética y asegurar que los mecanismos de cumplimiento contribuyan a reducir emisiones, en lugar de limitarse a compensarlas. La decisión sobre el diseño final del marco determinará tanto los incentivos para invertir en tecnologías limpias como la capacidad de los países en desarrollo para participar en la transformación de la industria.