Logística y Distribución
Reintegro al diésel: estudio advierte costo fiscal de US$128 millones anuales
Un análisis del académico Claudio Agostini cuestiona la continuidad del beneficio tributario para empresas de transporte de carga, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026.
El beneficio tributario que permite a las empresas de transporte de carga recuperar parcialmente el impuesto específico al diésel vuelve a estar en discusión ante su próximo vencimiento. Un análisis de Claudio Agostini, investigador CATLEC y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, estima que una nueva prórroga podría representar una menor recaudación fiscal cercana a US$128 millones anuales.
El estudio cuestiona la continuidad de este mecanismo, que expira el 31 de diciembre de 2026, debido a sus efectos sobre la recaudación y los incentivos asociados al consumo de combustibles. Agostini sostiene que el reintegro profundiza una diferencia tributaria que ya existe entre el diésel y las gasolinas, pese a los impactos ambientales y operacionales asociados al uso de camiones.
"Actualmente ya existe una distorsión en el impuesto al diésel porque es mucho menor que el de las gasolinas, a pesar de que su uso contamina mucho más. En el caso de los camiones, incluso congestiona más y el daño en las carreteras es mayor. El reintegro aumenta esa distorsión y es una mala señal porque permite que algunos contribuyentes, producto de un paro ilegal, paguen menos que otros que también usan diésel en sus vehículos", afirma el académico.
La política se originó en 2001, cuando el Congreso aprobó un mecanismo de devolución parcial del impuesto específico al diésel. El porcentaje llegó al 20% en 2003 y, desde 2004, el beneficio quedó condicionado a que los vehículos de las empresas favorecidas contaran con sistemas de cobro electrónico de peajes. Sin embargo, la aplicación de este requisito fue postergada sucesivamente hasta julio de 2008.
Ese mismo año, un acuerdo entre el Gobierno y la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) impulsó la Ley 20.278, que elevó transitoriamente el porcentaje de recuperación del impuesto desde 25% hasta 80% en un plazo de un año. Desde entonces, el Congreso ha extendido la vigencia del beneficio en al menos ocho oportunidades, en un proceso en el que la presión del gremio transportista ha tenido un papel relevante, según el análisis.
Uno de los cuestionamientos centrales del documento apunta a la diferencia entre el costo fiscal estimado en los informes financieros de las sucesivas prórrogas y la recaudación efectivamente no percibida. Las proyecciones legislativas calcularon que el beneficio representaría cerca de US$1.496 millones entre 2001 y 2025. Sin embargo, a partir de información del Servicio de Impuestos Internos (SII), disponible desde 2009, Agostini estima que el costo acumulado fue un 53,4% superior a esa cifra.
El análisis plantea no renovar el mecanismo y destinar los recursos fiscales a otras prioridades. También destaca el papel de los impuestos a los combustibles como herramienta para reducir externalidades del transporte, entre ellas las emisiones contaminantes, los kilómetros recorridos, la congestión en horarios punta, los tiempos de traslado y los accidentes fatales. La discusión sobre la continuidad del reintegro vuelve así a poner en cuestión el tratamiento tributario del diésel utilizado por el transporte de carga.