Comercio Internacional
TLC Chile-EE.UU.: qué cambia con el arancel del 12,5% y su impacto en el comercio
Durante más de dos décadas, el Tratado de Libre Comercio entregó estabilidad a la relación comercial entre ambos países. La imposición del arancel abre interrogantes sobre el alcance de esos compromisos y los desafíos que enfrentan exportadores, inversionistas y operadores logísticos.
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Cuando el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Estados Unidos entró en vigor el 1 de enero de 2004, marcó un punto de inflexión para la relación económica entre ambos países. Más que reducir aranceles, el acuerdo estableció un marco jurídico estable para el intercambio de bienes y servicios, las inversiones y la cooperación económica, convirtiéndose en uno de los pilares de la estrategia de inserción internacional de Chile.
Durante más de dos décadas, el tratado contribuyó a fortalecer el comercio bilateral mediante la eliminación progresiva de barreras arancelarias y la definición de reglas claras para los operadores económicos. En ese período, el intercambio comercial se expandió significativamente y Estados Unidos se consolidó como uno de los principales socios comerciales de Chile, tanto por el valor de las exportaciones como por el flujo de inversiones y el desarrollo de nuevos negocios.
La relación también evolucionó en términos de la composición del comercio. Si bien el cobre mantuvo un rol relevante, la oferta exportadora chilena hacia el mercado estadounidense se diversificó con productos como frutas frescas, salmón, vinos, celulosa, productos forestales y alimentos procesados. Al mismo tiempo, Chile incrementó la importación de maquinaria, equipos, tecnología y bienes de alto valor agregado provenientes de Estados Unidos, profundizando la integración entre ambas economías.
La estabilidad que entregó el TLC permitió a empresas de ambos países planificar inversiones de largo plazo con un alto grado de certeza respecto de las condiciones de acceso a mercado. Esa previsibilidad favoreció la instalación de capital estadounidense en sectores como minería, energía, infraestructura y servicios, mientras compañías chilenas expandieron sus operaciones hacia Estados Unidos. Precisamente esa confianza construida durante más de 20 años es la que hoy vuelve a estar en el centro del debate tras la imposición del arancel general de 12,5% por parte de Washington.
Durante más de 20 años, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos operó bajo una lógica de estabilidad, donde las empresas podían planificar sus exportaciones e inversiones con la expectativa de mantener un acceso preferencial al mercado estadounidense. Sin embargo, ese escenario cambió en 2026, cuando la administración del presidente Donald Trump anunció la aplicación de un arancel general de 12,5% a las importaciones provenientes de Chile, en el marco de una nueva política comercial orientada a fortalecer la producción manufacturera en Estados Unidos y reducir el déficit comercial.
La medida sorprendió tanto al sector exportador como a las autoridades chilenas, ya que afectó a un país que mantiene un tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos desde 2004. Para el Gobierno chileno, el gravamen resulta incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo bilateral y abrió un proceso de consultas diplomáticas para buscar una solución. Washington, en cambio, ha sostenido que la decisión responde al ejercicio de facultades contempladas en su legislación interna y que el contexto económico actual justifica la adopción de medidas de alcance general.
Una medida que parece contradictoria
Más allá de la discusión jurídica, la decisión instaló una interrogante de mayor alcance para el comercio internacional: ¿hasta qué punto un tratado de libre comercio sigue garantizando condiciones estables de acceso a un mercado cuando las prioridades de política económica y seguridad nacional pasan a ocupar un lugar central? Para exportadores, inversionistas y operadores logísticos, el debate trasciende el impacto inmediato del arancel y pone el foco en el grado de certidumbre que ofrecen los acuerdos comerciales en un entorno geopolítico cada vez más cambiante.
En ese nuevo escenario, la relación comercial entre Chile y Estados Unidos entra en una etapa distinta. Aunque el TLC continúa vigente y mantiene la mayor parte de sus disposiciones, la imposición del arancel del 12,5% demuestra que las empresas ya no solo deben considerar los beneficios arancelarios de un tratado, sino también incorporar a su planificación factores como el riesgo regulatorio, la evolución de la política comercial y la creciente influencia de la geopolítica sobre las cadenas globales de suministro.
La imposición de un arancel a un país que mantiene un tratado de libre comercio puede parecer una contradicción, pero el derecho comercial internacional contempla escenarios en los que ello es posible. Los acuerdos comerciales establecen compromisos para reducir o eliminar barreras arancelarias, pero también reconocen excepciones que permiten a las partes adoptar determinadas medidas en circunstancias específicas, ya sea por razones de defensa comercial, seguridad nacional, salud pública u otros mecanismos previstos tanto en el propio tratado como en la legislación interna de cada país.
Según el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAB, Carlos Alsua, Chile debe negociar excepciones, utilizar los mecanismos del Tratado de Libre Comercio y diversificar sus mercados. "No debe aceptar en silencio una lección moral que carece de fundamento. Este arancel no es cooperación comercial ni defensa de los trabajadores. Es un impuesto estadounidense, utilizado como instrumento de presión política, cuyo daño colateral recaerá sobre productores chilenos y consumidores estadounidenses", sostuvo.
Precisamente ese es el centro del debate entre Chile y Estados Unidos. Mientras las autoridades chilenas sostienen que el arancel del 12,5% resulta incompatible con los compromisos asumidos en el TLC y han iniciado gestiones para revertir la medida, Washington argumenta que el gravamen responde a facultades legales de alcance general que pueden coexistir con los acuerdos comerciales. El desenlace de esta controversia será seguido de cerca por exportadores, inversionistas y operadores logísticos, ya que podría sentar un precedente sobre el alcance real de los tratados de libre comercio en un contexto internacional donde la política comercial está cada vez más influenciada por consideraciones estratégicas y geopolíticas.
¿Pérdida de competitividad frente a otras economías?
Para las empresas chilenas, el impacto del arancel del 12,5% va más allá del incremento inmediato en los costos de acceso al mercado estadounidense. La medida introduce un factor de incertidumbre en la planificación comercial, obligando a revisar estrategias de precios, contratos de largo plazo y proyecciones de inversión. En sectores altamente competitivos, donde los márgenes son reducidos, un mayor costo de internación puede traducirse en una pérdida de competitividad frente a proveedores de otros países o en la necesidad de renegociar condiciones con clientes e importadores.
En ese sentido las palabras del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Walker, toman aún mayor trascendencia. “Esperamos que la negociación llegue a buen puerto. Necesitamos con urgencia volver al arancel cero para la agricultura chilena”, indicó. Similar situación la de SalmonChile que sostuvo que "no hay razón para aplicar el arancel, nuestra expectativa era que Chile no fuera incluido en esta medida".
El nuevo escenario también plantea desafíos para la cadena logística. Exportadores, agentes de aduanas, operadores logísticos y transportistas deberán reforzar la coordinación para minimizar costos y ganar eficiencia en cada etapa del proceso. La optimización de rutas, la reducción de tiempos de tránsito, la consolidación de carga y una mejor gestión documental cobran mayor relevancia cuando el acceso a un mercado enfrenta nuevas barreras. Al mismo tiempo, muchas empresas podrían acelerar la búsqueda de destinos alternativos para diversificar riesgos y reducir su dependencia de Estados Unidos.
Más allá de la controversia comercial, especialistas coinciden en que el episodio deja una enseñanza para el sector exportador: los tratados de libre comercio siguen siendo herramientas fundamentales para la inserción internacional de Chile, pero ya no constituyen el único elemento a considerar al momento de definir una estrategia de negocios. En un entorno marcado por tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y una creciente competencia global, la capacidad de adaptación, la diversificación de mercados y la eficiencia logística pasan a ser factores tan relevantes como las preferencias arancelarias que ofrecen los acuerdos comerciales.
