Columna de Opinión
Infraestructura a largo plazo
Carlos Zeppelin, vicepresidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), sostiene que la infraestructura chilena requiere una mirada de largo plazo, donde la conservación de las obras existentes tenga la misma prioridad que la construcción de nuevos proyectos.
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Hace pocas semanas, nuevas lluvias volvieron a cortar caminos y aislar comunidades. En ese contexto, Ipsos publicó un dato que sorprende: Chile es uno de los países más conformes con su infraestructura -con un 49% de satisfacción-, muy por sobre el promedio mundial de 38%. Es una buena noticia, pero conviene leerla con cautela: como bien lo resumió el propio estudio, es más un vaso medio lleno que una tarea resuelta.
Esa satisfacción no es un mérito adquirido para siempre. Es el resultado acumulado de decisiones de Estado sostenidas durante décadas -autopistas, aeropuertos, agua potable, o energía- que hoy damos por hechas sin recordar los gobiernos, presupuestos y tramitaciones que las hicieron posibles. El riesgo no está en el 49% de hoy, sino en qué pasa si dejamos de invertir en conservar esas obras.
El mismo estudio entrega otro antecedente: un 73% de los consultados, en Chile y en el mundo, cree que la mantención y reparación de los proyectos existentes es tan importante como construir infraestructura nueva. Así, inauguramos autopistas y hospitales; pero rara vez celebramos el mantenimiento de un puente o la renovación de una red de agua. La política premia lo visible y lo nuevo, mientras que la ciudadanía -que vive la infraestructura todos los días-, entiende que conservar es tan estratégico como construir.
Ese desajuste revela el verdadero desafío: la infraestructura no se juega en el corte de cinta, se juega en la continuidad. Un plan de transporte o una red hídrica se piensan a veinte o treinta años, mientras los gobiernos duran cuatro. Cuando cada administración reinicia el diagnóstico desde cero, no solo se pierde tiempo: se pierde la confianza social que hoy nos distingue en el mundo.
El sondeo también mostró que un 70% de los chilenos se declara cómodo con que el sector privado participe en el financiamiento de infraestructura si ello produce mejoras concretas y un 73% cree que la combinación de financiamiento donde participan el Estado y las empresas es el camino más eficaz. Esa apertura es, en el fondo, una forma de confianza anticipada: la ciudadanía está dispuesta a respaldar modelos de colaboración público-privada, siempre que perciba que los compromisos asumidos —sean de un gobierno, un concesionario o un organismo técnico— efectivamente se cumplen en el tiempo.
La tarea no es solo construir más, sino demostrar, obra a obra, que lo que se planifica en Chile, finalmente llega a concretarse. La satisfacción que hoy nos enorgullece no es un logro definitivo: se mantiene únicamente si somos capaces, como país, de dejar de empezar de cero cada cuatro años.
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