Marítimo Portuario
Fiscal Regional de Valparaíso calificó de "fundamental" el trabajo interagencial
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, destaca un modelo basado en coordinación interagencial, perfilamiento de riesgos y cooperación internacional para anticipar operaciones de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas.
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La evolución del crimen organizado y su creciente interés por utilizar la infraestructura portuaria para movilizar grandes volúmenes de mercancías están llevando a la Fiscalía Regional de Valparaíso a profundizar un modelo de persecución basado en inteligencia, coordinación institucional y cooperación internacional. La estrategia busca superar una lógica centrada exclusivamente en el hallazgo de droga y avanzar hacia la identificación de las estructuras criminales que operan detrás de cada carga contaminada.
La fiscal regional Claudia Perivancich explicó que, desde 2021, el Ministerio Público ha impulsado una instancia de trabajo conjunto con Aduanas, las policías y la Armada, considerando las características y el volumen de la actividad portuaria de la región. El objetivo, señaló, es reunir a las autoridades con competencias en el ámbito portuario para mejorar la respuesta frente al crimen organizado y sus distintas externalidades.
“Nosotros hemos asumido un rol que nos parece esencial y es volver a congregar a las distintas autoridades que tienen competencias en materia de desarrollo de la actividad portuaria”, sostuvo Perivancich, quien planteó que el tamaño y relevancia de los principales recintos marítimos de la región generan condiciones que también son observadas por organizaciones criminales interesadas en utilizar esas plataformas para trasladar grandes cantidades de mercancías.
Uno de los principales cambios impulsados es la creación de un centro de perfilamiento coordinado por la Fiscalía Regional, iniciativa que busca fortalecer el análisis previo de operaciones potencialmente riesgosas. Perivancich explicó que investigaciones anteriores habían evidenciado debilidades relacionadas con el ingreso tardío del fiscal a determinados procedimientos, una dependencia excesiva de informantes, distancia respecto del conocimiento de los modus operandi y falta de planificación y perfilamiento de actividades o movimientos de riesgo.
“Eso nos hace ver que la necesidad del trabajo interagencial es fundamental”, afirmó la fiscal regional. En el centro participan Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas, mientras que la Fiscalía espera incorporar también al Servicio de Impuestos Internos para ampliar las capacidades de análisis sobre las operaciones y organizaciones investigadas.
La lógica apunta a que el Ministerio Público pueda disponer de información proveniente de distintas fuentes antes de que se concrete una operación criminal. Para ello, se han conformado grupos de analistas especializados en crimen organizado, cuyo trabajo consiste en procesar información y contribuir a identificar patrones, movimientos y operaciones que permitan establecer perfiles de riesgo.
El propósito es que esa información pueda traducirse en acciones concretas. De acuerdo con Perivancich, el centro busca diseñar junto con Aduanas y las policías mecanismos que permitan detectar previamente operaciones de riesgo, de manera que determinadas cargas o movimientos puedan ser sometidos a una fiscalización preferente. El modelo introduce así un componente de inteligencia en una cadena logística donde la revisión indiscriminada puede afectar los tiempos y la continuidad de las operaciones legítimas.
El complejo combate al crimen organizado
La estrategia también ha ampliado su dimensión internacional. La fiscal regional destacó la realización de entregas vigiladas de droga en países donde anteriormente no se habían desarrollado este tipo de procedimientos, incluyendo Australia, además de operaciones en Europa como la denominada Operación Mediterráneo. Estas investigaciones permiten seguir la carga más allá del territorio nacional y coordinar acciones con las autoridades del país de destino.
El objetivo de esta metodología es modificar el resultado tradicional de una investigación. “Pasemos de lo que históricamente era únicamente el hallazgo de droga a encontrar el imputado asociado a esa droga”, explicó Perivancich. El siguiente nivel consiste en identificar también a quienes participan de la operación desde otros países, coordinando con las autoridades extranjeras la persecución penal que corresponda en sus respectivos territorios.
La persecución, además, busca llegar al componente económico de las organizaciones. La fiscal regional planteó que, una vez identificados los participantes y las estructuras involucradas, el paso siguiente es avanzar sobre los recursos asociados a estas operaciones, mediante investigaciones por lavado de activos. De esta manera, la estrategia incorpora no solo la incautación de mercancías ilícitas y la detención de responsables, sino también la afectación de las capacidades financieras de las organizaciones criminales.
Para Perivancich, el desafío sigue siendo amplio debido a la velocidad con que las organizaciones modifican sus métodos. “Todos los días hay cambios en la forma como el mercado internacional, sobre todo, y el tráfico de grandes organizaciones se va diversificando”, señaló. A su juicio, la capacidad de adaptación del delito obliga a mantener una estructura igualmente dinámica y con acceso permanente a información.
En ese escenario, la fiscal regional sostiene que el principal avance de los últimos años ha sido precisamente la consolidación de un trabajo colaborativo entre las instituciones vinculadas a la seguridad de la cadena logística. Aunque reconoce que la tarea sigue siendo “inmensa” y que en ocasiones las instituciones pueden reaccionar después de los cambios introducidos por las organizaciones criminales, considera que existe hoy una mayor disposición para compartir capacidades y coordinar acciones.
“Creo que el trabajo colaborativo ha tenido un cambio relevante, una disposición de todas las autoridades que estamos involucradas”, concluyó Perivancich. El desafío para el sistema portuario y logístico es mantener esa coordinación y convertir la inteligencia compartida en una herramienta capaz de anticipar riesgos, proteger los flujos legítimos de comercio exterior y evitar que la infraestructura destinada al movimiento de mercancías sea utilizada por redes criminales.
