Marítimo Portuario
Tecnología e inteligencia: claves para proteger los puertos del crimen organizado
Autoridades y especialistas coinciden en que el fortalecimiento de los controles, la digitalización y la cooperación público-privada serán determinantes para enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado en la cadena logística.
Los recientes decomisos de droga registrados en puertos chilenos han dejado en evidencia una realidad dual. Por una parte, las investigaciones desarrolladas por organismos públicos y las capacidades instaladas en el sistema portuario están permitiendo detectar y desarticular operaciones de gran escala vinculadas al crimen organizado. Por otra, la frecuencia y magnitud de estos casos reflejan una presión creciente sobre la cadena logística nacional y plantean el riesgo de que Chile sea utilizado cada vez más como una plataforma de tránsito para el envío de drogas hacia mercados internacionales.
El caso dado a conocer en Arica es una muestra de ambas tendencias. La detección de 1.080,8 toneladas de madera impregnada con cocaína, ketamina y otras sustancias ilícitas, distribuidas en decenas de contenedores con destino a distintos países, demuestra la capacidad de coordinación e inteligencia de las instituciones chilenas. Sin embargo, también confirma el interés de organizaciones criminales transnacionales por aprovechar la infraestructura logística, la conectividad marítima y la reputación exportadora del país para ocultar cargamentos destinados a Europa, Norteamérica y Oceanía.
“La incautación histórica da cuenta de la magnitud y sofisticación del crimen organizado que enfrenta nuestro país, una amenaza transnacional que opera con recursos, capacidad de adaptación y sin respetar fronteras. Frente a ello, la respuesta debe ser un Estado coordinado, con sus instituciones actuando de manera conjunta y decidida para proteger nuestras fronteras, fortalecer la seguridad pública y evitar que estas organizaciones afecten la tranquilidad de las familias y comunidades a lo largo de Chile”, señaló el ministro de Seguridad, Martín Arrau.
En tanto, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, indicó que “este resultado es fruto de un trabajo coordinado de las instituciones desarrollado en el marco del foco portuario creado en 2024 para fortalecer la protección de nuestros puertos y anticipar la acción del crimen organizado mediante inteligencia y análisis criminal. La magnitud de esta incautación demuestra que no se trata de un hallazgo casual ni de un golpe de suerte, sino del resultado de una investigación planificada, basada en información, análisis y una estrategia sostenida para resguardar la economía del país y la seguridad de la ciudadanía”.
Por su parte, la directora nacional del Servicio Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, destacó “la permanente capacitación de nuestras funcionarias y funcionarios, así como la labor que desarrollan también nuestros binomios caninos en el país. Este fue un hallazgo relevante en el que se utilizaron estos medios y herramientas que Aduanas y las demás instituciones ponen a disposición para lograr resultados tan relevantes como éste”.
La incorporación de nuevas tecnologías también se ha convertido en un componente clave de la seguridad portuaria. Los terminales y organismos fiscalizadores han ampliado el uso de escáneres no intrusivos, equipos de detección química, sistemas de monitoreo y herramientas de análisis que permiten inspeccionar contenedores de manera más eficiente, fortaleciendo la trazabilidad de las cargas y mejorando la capacidad de respuesta frente a métodos de ocultamiento cada vez más sofisticados.
Mayor seguridad interna y nuevas tecnologías
A juicio de Angélica Barría, Doctora en Ciencias de la Administración y Negocios, Universidad Santander y directora de APLOG, “lo que falta para potenciar la seguridad es avanzar en cinco líneas: mayor tecnología de inspección no intrusiva, más escáneres y trazabilidad digital de contenedores; inteligencia de datos e IA para perfilar riesgos; interoperabilidad real entre instituciones; control más estricto de la cadena logística completa, no solo del puerto; y fortalecimiento de la seguridad interna, porque a nivel mundial una de las grandes vulnerabilidades es la infiltración de personas dentro de la cadena marítima”.
En este contexto, otra de las áreas prioritarias corresponde al fortalecimiento de la seguridad a lo largo de toda la cadena logística que incluye controles de acceso a recintos portuarios, monitoreo de zonas de almacenamiento, verificación de procesos documentales y protocolos destinados a prevenir la contaminación de contenedores. Asimismo, diversas empresas han comenzado a reforzar los programas de capacitación para trabajadores y contratistas, con el fin de detectar comportamientos sospechosos y reducir riesgos de infiltración por parte de organizaciones criminales.
Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas y asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura, destacó en una reciente columna publicada por Agenda Logística que "en la cuenta pública, el presidente José Antonio Kast entregó dos señales relevantes para el sector portuario. En seguridad, anunció trazabilidad de carga, control tecnológico de contenedores y una fuerza de tarea para fronteras y puertos, vinculando el sistema portuario al combate al narcotráfico y al crimen organizado".
En este sentido, Puertos de Talcahuano dio un paso adelante a partir de la creciente sofisticación de estas redes, que combinan métodos tradicionales de infiltración con herramientas tecnológicas para vulnerar procesos y controles, lo que está obligando a puertos, organismos fiscalizadores y empresas privadas a fortalecer sus mecanismos de prevención y respuesta frente a amenazas que pueden afectar tanto la seguridad como la continuidad del comercio exterior.
En un seminario organizado por el terminal y el Comité Portuario de Coordinación de Servicios Públicos, se coincidió que enfrentar al crimen organizado requiere una estrategia basada en inteligencia, análisis de riesgo y coordinación permanente entre instituciones públicas y privadas. La protección de la infraestructura crítica, el fortalecimiento de las fiscalizaciones y la incorporación de herramientas de ciberseguridad son elementos clave para reducir la vulnerabilidad de los puertos frente a organizaciones criminales.
Por otra parte, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), en uno de los capítulos documento de 99 medidas para la competitividad portuaria abordó la seguridad y crimen organizado. “Estamos hablando de aproximadamente 13 mil trabajadores portuarios que efectivamente realizan cierta cantidad de turnos al año”, señaló el presidente de la institución, Daniel Fernández, al presentar el texto.
Enfatizó en la necesidad de filtros adicionales porque “debe haber un segundo o primer filtro que son los antecedentes penales, las vinculaciones que pueden tener los trabajadores”. El dirigente advirtió que se encuentran ante un tema de crimen organizado muy complicado en los puertos y sostuvo en esa ocasión que “Directemar debe tener hoy día un rol más allá porque el control del narcotráfico o del crimen organizado es fundamental”.
Por último, el diputado Luis Cuello indicó que "este decomiso demuestra que el crimen organizado está utilizando estrategias cada vez más sofisticadas para traficar drogas. Es por eso que es fundamental mejorar las capacidades de inteligencia para anticipar y detectar este tipo de operaciones, junto con aumentar el personal especializado y dotar a nuestros puertos de más tecnología de control y escaneo. La seguridad de los puertos de Valparaíso, San Antonio y de todo el país es una tarea estratégica que requiere inversión permanente y una política de Estado frente al avance del narcotráfico".
De esta manera, los expertos coinciden en que la prevención requerirá avanzar hacia un modelo basado cada vez más en inteligencia, digitalización y cooperación internacional. La magnitud de los flujos comerciales hace inviable inspeccionar físicamente la totalidad de la carga movilizada por los puertos, por lo que el desafío consiste en combinar tecnología, análisis de datos y coordinación entre actores públicos y privados.