Logística y Distribución
Paro de camioneros: tensión logística amenaza exportaciones
Mientras los transportistas reclaman por el aumento de los costos operacionales, exportadores y gremios empresariales advierten sobre los efectos de los bloqueos en los accesos portuarios, la actividad productiva y los compromisos comerciales.
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La paralización de transportistas convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, iniciada este martes 10 de noviembre, abrió un nuevo foco de tensión para la actividad logística nacional. Las restricciones al desplazamiento de camiones comenzaron a generar preocupación entre exportadores y sectores productivos, que advierten sobre las consecuencias de interrumpir el traslado de mercancías en un período de alta actividad comercial.
El conflicto tiene como trasfondo el incremento de los costos operacionales del transporte, particularmente por el encarecimiento del diésel. Sin embargo, sus efectos exceden a las empresas transportistas. Los generadores de carga, productores, exportadores y operadores portuarios dependen de la continuidad de los flujos terrestres para cumplir sus programas de despacho y compromisos comerciales.
El presidente José Antonio Kast se refirió a la situación y llamó a considerar a todos los participantes de la cadena. “Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile”, señaló. El mandatario planteó que la discusión debe incorporar tanto a quienes generan la carga y pagan los fletes como a las empresas que realizan el transporte.
Kast también mencionó los avances en materia de seguridad como un factor que debe considerarse al evaluar los costos del sector. Según indicó, las medidas implementadas han permitido reducir los robos de camiones y los asaltos, elementos que también inciden en las condiciones de operación del transporte de carga.
Una de las principales preocupaciones está en la temporada de exportación de fruta. El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, manifestó inquietud por las dificultades que pueden enfrentar los camiones que trasladan productos hacia los puertos de Valparaíso y San Antonio. El dirigente reconoció que el aumento de los costos de operación afecta a toda la cadena logística, pero advirtió que una paralización en este período puede comprometer la comercialización de productos perecibles.
“Este es el momento más crítico del año para la fruticultura chilena”, sostuvo Marambio, al explicar que las cosechas y los primeros envíos de fruta de estación coinciden con las movilizaciones. En el caso de las cerezas, los tiempos de traslado hasta los terminales son determinantes para mantener la calidad de la fruta y cumplir con las ventanas de embarque hacia los mercados internacionales.
La preocupación tiene un componente operativo inmediato. Para esta semana están programados dos servicios Cherry Express con destino a Nansha y Hong Kong, que transportarán cerezas al mercado chino. Frutas de Chile advirtió que el traslado oportuno de la carga hasta los puertos es indispensable para cumplir con ambos embarques. “Para que la fruta pueda ser embarcada a tiempo, es imprescindible habilitar las rutas y caminos que permitan su traslado”, señaló el dirigente.
Marambio también cuestionó los bloqueos por sus efectos sobre trabajadores, productores y exportadores que no participan del conflicto. Según planteó, las interrupciones pueden afectar el abastecimiento y la actividad productiva de distintas regiones, además de perjudicar la reputación de Chile como proveedor de fruta fresca en mercados donde compite con otros países. La organización pidió al Gobierno instalar una mesa de trabajo sobre los costos del transporte y a los gremios movilizados levantar las restricciones y canalizar sus demandas mediante el diálogo.
Desde la Región del Biobío, diez organizaciones empresariales expresaron una preocupación similar por las consecuencias de las movilizaciones sobre la actividad regional y el funcionamiento de los puertos. ASEM, ASEXMA Biobío, ASIMET, la CChC de Concepción, CPC Biobío, CORMA Biobío y Ñuble, IRADE, Pescadores Industriales del Biobío, PymeMad y Socabio reconocieron las dificultades que enfrenta el transporte de carga, especialmente las empresas de menor tamaño, debido al encarecimiento sostenido del diésel.
No obstante, advirtieron que la interrupción de los flujos de mercancías puede profundizar las dificultades económicas que afectan a la región. “Estamos convencidos de que un paro agrava profundamente la crisis económica que se busca resolver”, señalaron. También alertaron sobre un posible efecto en cadena: restricciones de acceso a los puertos, reducción de los fletes, menor actividad productiva y pérdida de empleos.
Las organizaciones solicitaron al Gobierno convocar con urgencia una mesa público-privada que incorpore a transportistas, generadores de carga y operadores portuarios. La propuesta apunta a establecer medidas inmediatas y abordar problemas estructurales que afectan la relación entre los distintos participantes de la cadena de transporte.
La Multigremial Nacional también advirtió sobre los riesgos de una paralización para el abastecimiento, la producción y el funcionamiento de miles de pequeñas y medianas empresas. Su preocupación incluye al sector agrícola, que atraviesa un período de cosechas y preparación de la temporada exportadora, donde los retrasos en el traslado de productos perecibles pueden traducirse en pérdidas económicas e incumplimientos comerciales.
Sin embargo, la organización respaldó dos iniciativas impulsadas por la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC). Una corresponde a una propuesta de ley de pesaje, que busca trasladar al dueño de la carga la responsabilidad por el peso transportado. La segunda apunta a establecer una normativa que incorpore obligatoriamente la evolución de los costos del transporte en las tarifas y contemple el pago de tiempos adicionales de espera cuando estos superen las dos horas.
Ambas propuestas incorporan aspectos que van más allá del precio de los combustibles. La actualización de las tarifas, la responsabilidad por el peso de la carga y los tiempos de espera forman parte de las condiciones económicas y operacionales que inciden en la rentabilidad de las empresas transportistas. Su discusión también involucra a los generadores de carga, que deben considerar estos factores en sus contratos y procesos de distribución.
Las distintas posiciones muestran que el conflicto reúne demandas que comprometen a toda la cadena logística. Mientras los transportistas reclaman por el incremento de sus costos, los sectores productivos advierten que los bloqueos trasladan parte de las consecuencias a empresas, trabajadores y exportadores que dependen del transporte terrestre. En plena temporada frutícola, la disponibilidad de rutas y el acceso a los terminales adquieren especial relevancia para cumplir con los programas de embarque.
La continuidad de los despachos y la discusión sobre las condiciones económicas del transporte requieren soluciones que incorporen a quienes contratan los servicios, ejecutan los traslados y reciben la carga en los puertos. La convocatoria a una mesa de trabajo público-privada aparece como una de las alternativas planteadas por los gremios empresariales, mientras la habilitación de las rutas se mantiene como una condición inmediata para evitar nuevas interrupciones en la cadena exportadora.
