Comercio Internacional
Aranceles por trabajo forzoso: ¿nuevo riesgo para las exportaciones chilenas?
La ofensiva comercial impulsada por Donald Trump incorpora criterios laborales a la política arancelaria estadounidense. Aunque el impacto directo para Chile sería marginal, la medida podría acelerar nuevas exigencias de control y transparencia en las cadenas de suministro.
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La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente en su política comercial al proponer aranceles adicionales para las importaciones provenientes de países que, a juicio de Estados Unidos, no cuentan con controles suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La iniciativa surge tras una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que identificó deficiencias en los sistemas de fiscalización y cumplimiento de decenas de economías alrededor del mundo.
La propuesta contempla gravámenes de entre 10% y 12,5% para cerca de 60 países, incluyendo socios comerciales estratégicos como China, India, Brasil, Japón, Corea del Sur, Canadá, México y miembros de la Unión Europea. Según Washington, el objetivo es evitar que productos elaborados bajo condiciones laborales cuestionadas obtengan ventajas competitivas mediante menores costos de producción, afectando tanto a empresas como a trabajadores estadounidenses.
Más allá de su dimensión comercial, la medida refleja una tendencia creciente en los mercados internacionales hacia la incorporación de criterios laborales, ambientales y de sostenibilidad en las relaciones comerciales. En este contexto, las cadenas globales de suministro enfrentan una presión cada vez mayor para demostrar el origen de los insumos, la transparencia de los procesos productivos y el cumplimiento de estándares internacionales de derechos laborales.
Para Chile, el debate resulta especialmente relevante debido a la importancia del mercado estadounidense para sectores exportadores como el agroalimentario, forestal, minero y acuícola. Especialistas advierten que las nuevas exigencias podrían traducirse en mayores requerimientos de trazabilidad, certificación y auditoría de proveedores, transformando la gestión de las cadenas de suministro en un factor clave para mantener la competitividad y el acceso a los principales mercados de destino.
El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Mackenna, puso paños fríos a la situación e indicó que se trata de "una recomendación que aún se encuentra en etapa de consulta pública y análisis. En este contexto, nuestro país ha participado activamente de todos los procesos y controlará activamente desplegados en las conversaciones y gestiones con las contrapartes respectivas con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones".
El titular de la Cancillería aseguró que "Chile mantiene plenamente vigente sus tratados de libre comercio con Estados Unidos y continuará dialogando constructivamente con las autoridades estadounidenses con el objetivo de resguardar nuestros intereses y del sector exportador nacional promoviendo soluciones que contribuyan al fortalecimiento de una relación comercial de beneficio mutuo".
Un impacto marginal para la economía chilena
"Entendemos que, por ahora, se trata de una recomendación del USTR no vinculante. Es decir, que no tiene efecto inmediato ni implica hoy un alza concreta de aranceles. De todas formas, es un proceso que monitorearemos de cerca y de la mano de las autoridades. Analizaremos los próximos pasos, como la eventual participación en el proceso de consulta pública activo que tiene por finalidad analizar los alcances concretos de esta medida", señaló el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, uno de los gremios que se mantendrá en alerta a la evolución de esta nueva medida impulsada por el gobierno de Estados Unidos.
De todas maneras, el líder del gremio exportador frutícola aseguró que "es importante considerar que esta medida no solo afecta a Chile, sino que también involucra a otros países que compiten en el comercio frutícola internacional, como Perú y Nueva Zelanda, entre otras 57 economías globales".
Por otra parte, el economista sénior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, “hay varios puntos a considerar. Por una parte, hay que recordar que, en el mes de febrero de este año, la Corte Suprema en Estados Unidos indicó que los aranceles que había implementado la administración Trump se consideraban inconstitucionales. A partir de esto, lo que hizo fue responder a través de invocar la sesión 122 del Acta de Comercio del año 1974 para, eventualmente, generar o mantener un arancel temporal del 10% durante 150 días, periodo que finaliza prontamente”.
“Si se materializa efectivamente el arancel del 12,5%, en la práctica estamos hablando de un incremento marginal en cuanto a la tasa nominal en el caso que aplicase para Chile, por lo tanto, pasaremos de un 10% a un 12,5%. Hay que recordar que los aranceles que actualmente sufre Chile, desde el punto de vista del arancel del 10%, de facto excluye toda una serie de bienes y servicios, principalmente en el caso del cobre”, sostuvo Ortiz.
Consultado sobre el impacto que podría tener la aplicación de este arancel, el economista de la UDP explicó que sería acotado, toda vez que el principal producto de exportaciones de Estados Unidos, como es el caso del cobre, actualmente se ha aceptado. “Eventualmente, el impacto vendría a ser muy marginal. Hay que considerar que, inclusive con el anuncio que se ha dado en relación con que Chile se ha afectado con ese arancel del 12,5%, todavía no es un arancel que entre en vigencia”.
Ortiz desdramatizó y aseguró que “hay espacio para buscar algún tipo de negociación por parte del Ejecutivo o un acercamiento con Estados Unidos para mirar el alcance efectivo de esta medida. Si es que se da, vendría a ser bastante acotado considerando que tenemos un arancel del 10% que aplica en la práctica y que abarca parte de las exportaciones de Chile hacia Estados Unidos, pero no afecta al principal producto de exportación: el cobre”.
