Columna de Opinión
Infraestructura al 2055, del diagnóstico a la obligación de ejecutar
Carlos Zeppelin, director del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), analiza los desafíos del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025–2055, advirtiendo que su éxito dependerá de convertir la planificación en una cartera priorizada, financiada y sometida a seguimiento público permanente.
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Nuestro país se ha puesto una meta desafiante: una hoja de ruta de más de 24 mil proyectos y una inversión estimada que compromete varias décadas de esfuerzo público y privado. Se trata del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025–2055, un trabajo técnico relevante, participativo y de largo plazo realizado el año pasado, en el que participaron diversos actores con propuestas.
Lo que viene ahora es la verdadera prueba: convertir el plan en una cartera priorizada, financiada, calendarizada y sujeta a seguimiento público. Sin esa bajada, el riesgo es evidente: que termine siendo un buen documento de consulta -útil para seminarios-, pero insuficiente como instrumento de gestión. Chile no necesita otra década de mapas, análisis y presentaciones; requiere obras a tiempo.
La experiencia muestra que la distancia entre planificación y ejecución sigue siendo amplia. Requiere decisión política explícita, continuidad presupuestaria y una institucionalidad capaz de hacer seguimiento más allá del gobierno de turno. El propio plan 2055 considera una programación de mediano plazo y una estrategia de evaluación periódica, precisamente para dar flexibilidad a distintos gobiernos dentro de un marco común de largo plazo. Esa lógica debe transformarse en una obligación pública: cartera trazable, metas anuales, responsables identificables y rendición de cuentas.
Sabemos que Chile crece por debajo de su potencial y esto se explica por cuellos de botella de infraestructura: puertos al límite, corredores logísticos insuficientes, falta de seguridad hídrica, conectividad digital incompleta y ciudades que no logran acompañar su crecimiento. Cada año sin priorización es un año en que se posterga inversión, empleo y calidad de vida.
La productividad mejora cuando la carga sale del puerto sin fricción; cuando una región agroexportadora conecta a tiempo con sus mercados; cuando un proyecto minero, energético o industrial encuentra obras habilitantes disponibles; cuando una familia accede a agua segura, transporte digno o mejor conectividad. Esa es la infraestructura que importa: la que reduce tiempos, baja costos y acerca oportunidades.
Por eso, la pregunta es: qué institución llevará adelante este plan de infraestructura, con qué financiamiento se ejecutará y cómo sabrá la ciudadanía si se está cumpliendo. Una hoja de ruta requiere algo más que voluntad: necesita una entidad o instancia con mandato claro, capacidad técnica, información pública y autoridad para ordenar prioridades entre ministerios, regiones y sectores productivos.
Chile tiene una ventana poco frecuente: un diagnóstico validado, una cartera amplia y consenso sobre la urgencia de invertir. Ese capital no es permanente. Si no se transforma pronto en programación, financiamiento y seguimiento, se diluye en la inercia administrativa.
El plan trazado debe ser una política de Estado. Su legitimidad no se jugará en el documento, sino en su capacidad de convertirse en obras y oportunidades concretas. Nuestro país no puede seguir confundiendo planificación con avance. Planificar fue el primer paso. Ahora corresponde ejecutar, medir y rendir cuentas.
