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Ministro de Economía valoró la entrada en vigencia de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales busca reducir hasta en 70% los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, incorporando ventanilla única digital, tramitación paralela y una nueva institucionalidad técnica. La medida apunta a entregar mayor certeza a iniciativas logísticas, energéticas e industriales estratégicas en todo el país.
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El Diario Oficial publicó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), con la cual entra en vigencia la normativa que permite la simplificación de los permisos asociados a proyectos de inversión públicos y privados, cualquiera sea su envergadura, proporcionando mayor certeza sobre los tiempos tramitación.
“Desde hoy, comienzan a regir medidas como la tramitación paralela de permisos, que beneficiará directamente a iniciativas clave como la línea de transmisión Quimal-Lo Aguirre, destinada a atraer energía más barata y limpia al centro del país. Con el avance del proceso de implementación de este nuevo marco jurídico, se constituirá la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que supervisará y modernizará los trámites públicos y se implementará una línea de denuncias anónimas para personas o empresas afectadas por demoras injustificadas”, señaló el ministro de Economía, Álvaro García.
La autoridad agregó que “el mecanismo de silencio administrativo, tanto positivo como negativo, también comenzará a aplicarse, permitiendo que los proyectos que excedan los plazos establecidos sean aprobados o rechazados automáticamente, con posibilidad de apelación”.
Esta La ley establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos.
La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.
El ministro de Economía entregó ejemplos concretos respecto a cómo los tiempos de los permisos comenzarían a disminuir su tramitación e indicó que “un jardín infantil para iniciar actividades debe realizar cinco trámites consecutivos, uno después del otro. Desde hoy en adelante, la regla general será que esos mismos trámites se pueden hacer en paralelo y, por lo tanto, va a tomar un quinto del tiempo de lo que tomaba antes”.
“A fines de mes, una ferretería o una tienda de útiles escolares que hoy requiere un informe sanitario, ya no lo va a requerir, y, por lo tanto, no solo se va a hacer más rápida su instalación, sino también a un menor costo, estimulando la provisión de estos servicios. La nueva Ley afecta a prácticamente todo el gobierno, ya que hay treinta y siete servicios que se ven involucrados en ello, y nuestro trabajo es asegurar que todos operen de manera coordinada y coherente. Estamos desde hace meses trabajando en ello en el Ministerio”, sostuvo García.
El Seremi de Economía, Fomento y Turismo del Biobío valoró el impacto que tendrá esta normativa en la región. "Esta ley marca un antes y un después en el Biobío, esta nueva normativa impulsará la economía regional con la aceleración de más de 60 proyectos de inversión privada y también facilitará futuras inversiones, que generan empleo y desarrollo beneficiando a nuestras comunidades”, indicó.
Además, según la autoridad regional, permitirá “avanzar hacia un desarrollo productivo sostenible, equilibrando crecimiento y el cuidado del medio ambiente, ya que este proyecto no altera los procesos de evaluación de impacto ambiental, sino que solo busca agilizar los permisos sectoriales. Con esta ley, el Biobío se posiciona para un futuro de prosperidad, con seguridad y responsabilidad, diversificando la economía local".
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales es uno de los proyectos priorizados por el Ejecutivo y el Congreso en el marco del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, instancia mejor conocida como “Fast Track Económico”. Su tramitación fue fomentada mediante un acuerdo transversal que permitió avanzar con rapidez en una agenda legislativa orientada a destrabar iniciativas clave para impulsar el crecimiento del país. El proyecto ingresó al Congreso en enero de 2024 y fue despachado luego de 18 meses de tramitación, tras aprobar todas las etapas institucionales, y luego fue revisado satisfactoriamente por el Tribunal Constitucional.
Si bien la Ley entró en vigencia, varias de sus disposiciones clave contemplan un régimen de implementación gradual como las normas mínimas de procedimiento, el régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, el canal reservado de denuncias, la plataforma digital SUPER, la tramitación ágil de iniciativas estratégicas y el régimen de estabilidad regulatoria.
Estas medidas se desplegarán en tres fases: la primera, desde la publicación hasta los seis meses; la segunda, entre el sexto y el noveno mes; y la tercera, hasta completar un año desde la publicación. Este diseño transitorio busca asegurar una implementación ordenada, coordinada y eficaz del nuevo sistema, resguardando los derechos de las personas y asegurando la capacidad del Estado para responder a todo lo que mandata la ley.
