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Nueva Ley de Permisología: ¿Cómo acelerar la inversión sin bajar los estándares?
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la nueva normativa busca reducir hasta en un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales. Expertos advierten que el impacto dependerá de una implementación efectiva y de una modernización integral del aparato estatal.
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Tras ser votada en su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y después de un año de revisiones fue aprobada y despachada a ley el proyecto de modificación para la entrega de permisos sectoriales, más conocida como de "permisología" y que busca reducir los extensos tiempos de aprobaciones para los proyectos de inversión en el país.
La votación no estuvo exenta de polémica luego que algunos parlamentarios se mostraran contrarios y aseguraran que algunos artículos de la ley podrían afectar el derecho a la salud y la protección del medio ambiente. "El crecimiento y el desarrollo del país no se puede realizar a costa de las personas", indicó tras la votación el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo.
Los parlamentarios del bloque socialista acusaron que esta ley se realizó en acuerdo con la derecha y manifestaron su molestia con el Ministerio de Economía ante una legislación que, a juicio de algunos diputados, fue aprobada gracias a los votos de la derecha. "Este es el Gobierno donde más se ha retrocedido en el cuidado del medioambiente", sostuvo el representante del PS, Daniel Manouchehri.
Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, salió al paso de las críticas y aseguró que este es un proyecto que permitirá reducir de manera importante los tiempos de espera en la tramitación de los permisos sectoriales de proyectos de inversión claves para el desarrollo del país. De todas maneras, señaló que, en su opinión, no se bajarán los estándares regulatorios.
"Creemos que se puede ser más eficientes y actuar de manera más rápida como Estado, además no se rebaja el estándar regulatorio. Siempre señalamos que era posible mejorar los tiempos, que era posible avanzar de manera sostenida sin necesidad de bajar los estándares regulatorios. Eso se ha logrado y estamos muy contentos". indicó el titular de Economía.
Punto final a las ineficiencias del sistema
Para el director del Doctorado en Ciencias de la Administración de la Universidad Diego Portales, Gabriel Pino, las expectativas en torno a esta aprobación se cumplen en el sentido de que la ley, en el papel al menos, reduce significativamente los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales. “Elimina una serie de ineficiencias y eso debería reducir los tiempos y eso debería repercutir significativamente en la generación de proyectos y en la producción en general”, sostuvo el académico.
“Por ejemplo, los tiempos antes se tardaban mucho porque cuando alguien iba a pedir un permiso, pedían el permiso anterior de la etapa anterior y era bastante factible que estuviera vencido por lo que tenían que ir de nuevo a pedirlo. Todo bastante ineficiente. Antes de esta ley los cuellos de botella eran los tiempos, las demoras, los permisos”, indicó Gabriel Pino quien puntualizó que, en algunos casos, la burocracia de cada etapa lo hacía todo más ineficiente.
Por otra parte, el director del doctorado de la Universidad Diego Portales, aseguró que uno de los temas principales en estos grandes proyectos de inversión tiene que ver con los permisos ambientales que no se tocaron en la ley. “Lo que se aprobó son solo permisos sectoriales y, de hecho, son los ambientales los que demoran diez años o más en algunos casos puntuales”, explicó el académico.
En tanto, el profesor de la Universidad de Valparaíso y de la Escuela de Negocios Europea de Chile, Sergio Bidart, señaló que esta nueva ley de permisos sectoriales “contribuye a que facilite la inversión de nuevos proyectos, en especial si se presentan en paralelo, acortando el tiempo hasta en un 70%. Ahora, hay que ver en la práctica si aún se mantiene el promedio de diez años en obras portuarias. Como referencia está el proyecto de ampliación del Puerto de San Antonio”.
Un paso importante para el desarrollo de infraestructura
Para Álvaro Peña, académico de Ingeniería de Construcción y Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), “la reciente aprobación de la Ley de Permisos Sectoriales representa un paso importante para el desarrollo de infraestructura en Chile. La agilización de plazos, la interoperabilidad de plataformas y la creación de unidades técnicas sectoriales son avances concretos hacia una tramitación más eficiente y predecible”.
El académico agregó que, “no obstante, para que esta reforma se traduzca en una verdadera aceleración de la inversión pública y privada, se requiere complementar esta ley con una modernización estructural del Estado. No basta con digitalizar trámites; es necesario revisar estándares, capacidades técnicas y criterios de evaluación bajo una mirada sistémica. La inversión sostenible demanda certeza, pero también calidad institucional”.
A juicio del consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Álvaro Peña, “esta ley es un avance significativo, que debe acompañarse y formar parte de una transformación más amplia que fortalezca la gobernanza, reduzca la discrecionalidad, la incertidumbre y promueva la confianza entre el sector público y privado”.
Las claves del proyecto de "permisología"
Una de las principales trabas para la ejecución de proyectos de gran envergadura e inversión es la lentitud en la entrega de los permisos. Eso es lo que esta ley busca para, de alguna manera, destrabar los problemas que puedan surgir en su desarrollo. En concreto, y según datos del Ministerio de Economía, para proyectos de infraestructura y energía la reducción será de un 30% mientras que las iniciativas menos complejas lo harán en un 70%.
Dentro de los aspectos principales de la nueva ley de permisos sectoriales se encuentra la presencia de formularios estandarizados y exámenes de admisibilidad obligatorios. Además, se establece que si la autoridad competente no responde en el plazo el permiso se otorgará de manera automática y que permisos de bajo riesgo sean sustituidos por avisos o declaraciones juradas, con controles ex post y sanciones por fraude.
Por otra parte, se creará una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión en el Ministerio de Economía que será la encargada de la coordinación, monitoreo y agilidad del sistema en conjunto con las mesas regionales en los casos que corresponda. En tanto, en un período de tres años se deberán evaluar los permisos para establecer su relevancia. Por último, un Comité Interministerial será el encargado de la coordinación de las inversiones que se consideren estratégicas.
