Marítimo Portuario
Estudio indica que puertos chilenos enfrentan brechas críticas en capacidad y gestión
Un estudio de la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, a cargo de Teresa Pino y Daniella De Luca, señala que la alta ocupación, retrasos en inversiones y debilidades en la gobernanza están tensionando el sistema logístico-portuario.
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El sistema portuario chileno opera bajo una creciente presión estructural, marcada por altos niveles de ocupación y una demanda sostenida del comercio exterior. Actualmente, terminales clave superan el umbral crítico del 65% de utilización, nivel a partir del cual se recomienda gatillar nuevas inversiones en infraestructura.
Puertos como San Antonio alcanzan tasas de ocupación del 91,2%, mientras que Valparaíso llega al 79,9% y Antofagasta al 84%, evidenciando un sistema cercano a su límite operativo. Esta situación ya está generando congestión, mayores tiempos de estadía de naves y acumulación de contenedores en terminales.
De acuerdo a lo desarrollado en el estudio ‘Brechas del sistema portuario chileno’, las proyecciones hacia 2035 indican que, sin ampliaciones relevantes, los principales puertos de la macrozona central podrían operar sobre el 91%, nivel asociado a crisis operativas en sistemas portuarios. Este escenario se agrava considerando que el Puerto Exterior de San Antonio —proyecto estructural— entraría en operación recién hacia 2036.
A las restricciones de capacidad se suman factores operacionales. Eventos como marejadas y medidas de seguridad han reducido la disponibilidad operativa a cerca de 92,6%, afectando la continuidad del servicio y obligando a desviar rutas hacia puertos alternativos como Callao y Chancay.
El impacto económico de estas brechas no es menor. Desde el sector se advierte que la falta de avances en ampliaciones y licitaciones podría generar pérdidas anuales de entre US$50 millones y US$100 millones, profundizando la pérdida de competitividad frente a otros hubs de la región.
Uno de los factores estructurales detrás de estos retrasos es la denominada “permisología”. El desarrollo de proyectos portuarios requiere más de 400 permisos, con un promedio de 147 por iniciativa, lo que extiende significativamente los plazos de inversión y ejecución.
A esto se suma la falta de coordinación institucional y la fragmentación regulatoria, que han dificultado la articulación entre el Estado, empresas y comunidades. Esta situación ha derivado en paralización de proyectos y una gobernanza con brechas relevantes para el desarrollo del sector.
Modernización y digitalización aparecen como factores clave
En paralelo, la publicación señala que el envejecimiento de la infraestructura portuaria representa otro desafío. Terminales como San Antonio y Valparaíso cuentan con instalaciones que superan los 100 años, lo que exige procesos de modernización y actualización tecnológica para responder a las nuevas exigencias del comercio marítimo global.
El desarrollo del Puerto Exterior de San Antonio se posiciona como la principal respuesta estructural. Con una inversión estimada entre US$4.000 y US$4.450 millones, el proyecto busca triplicar la capacidad portuaria y alcanzar hasta 5 millones de TEU anuales en la próxima década.
Sin embargo, los retrasos acumulados —que superan los 12 años desde su concepción— reflejan la complejidad del sistema de aprobación y la falta de una estrategia portuaria nacional integrada. Este factor también incide en la incertidumbre para futuras licitaciones y en la atracción de inversión privada.
En el ámbito operativo, se identifican oportunidades en la digitalización y la interoperabilidad. El fortalecimiento de plataformas como VUMAR, SIDEMAR y SICEX permitiría reducir tiempos de espera, mejorar la trazabilidad y optimizar la coordinación entre actores de la cadena logística.
La sostenibilidad también emerge como un eje clave, con propuestas orientadas al desarrollo de “puertos verdes” y una mejor relación con el entorno social y ambiental. Esto requiere integrar energías limpias, planificación territorial y mecanismos de mitigación de impactos en las comunidades.
Finalmente, el avance hacia una institucionalidad más robusta se plantea como condición habilitante. La creación de una entidad centralizada que coordine políticas portuarias podría mejorar la eficiencia regulatoria, alinear intereses públicos y privados y consolidar una estrategia de largo plazo para el sistema logístico-portuario nacional.
