Luis Cuello y el Royalty Portuario: “Lo que proponemos es una compensación menor”

El debate sobre la posible implementación de un royalty portuario en Chile ha generado preocupación en el sector privado, que advierte sobre riesgos para la competitividad del comercio exterior. Según la Cámara Marítima y Portuaria (CAMPORT), un nuevo tributo a las navieras podría encarecer las exportaciones e importaciones y debilitar la actividad portuaria, a pesar de que estas ya contribuyen mediante la Tarifa por Uso de Puerto (TUP) y arriendos de terminales estatales, que han generado más de US$800 millones en las últimas dos décadas.

Los gremios destacan que la prioridad de la política pública debería estar en mejorar la infraestructura logística, como accesos viales y ferroviarios a los puertos, y recuperar el tercer turno nocturno de camiones, especialmente en la zona central. Estas medidas se consideran clave para descongestionar las ciudades puerto y optimizar toda la cadena logística, evitando que los costos adicionales recaigan sobre exportadores e importadores.

Muchos coinciden en que el cobro de un royalty impactaría directamente en los costos de las empresas, trasladándose finalmente a clientes y afectando la competitividad de los puertos chilenos. Expertos señalan que, en otros recintos internacionales, como Rotterdam y Amberes, los ingresos portuarios se reinvierten localmente en infraestructura, mitigación de impactos ambientales y programas comunitarios, sin imponer nuevos cargos a los operadores comerciales.

El consenso emergente apunta a que cualquier iniciativa de este tipo debería basarse en evidencia técnica y evaluaciones de impacto económico, considerando los aportes ya existentes de la actividad portuaria. De este modo, se podría acompañar el desarrollo territorial y social de las ciudades puerto sin comprometer la eficiencia y competitividad del comercio marítimo nacional, manteniendo un equilibrio entre beneficio local y competitividad global.

En conversación con Agenda Logística, el diputado por el Distrito 7 de la Región de Valparaíso e impulsor de esta propuesta, Luis Cuello (PC), explica las bases del proyecto de ley, la forma en que se distribuirían los recursos entre los distintos sectores de la ciudad y de la región. Además, hace frente a las críticas a su idea y detalla los pasos a seguir de este proyecto que se votará en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas el próximo 15 de septiembre.

¿Cómo nace esta propuesta de Royalty Portuario?

Esta es una demanda de la ciudad de Puerto, particularmente de Valparaíso y San Antonio, que nace hace bastante tiempo y que ha ido tomando fuerza como propuesta. Hay muchos antecedentes al respecto. En primer lugar, la Asociación de Ciudades Puerto lo plantearon en una declaración del año 2011 y siguió el 2014 cuando la expresidenta Michelle Bachelet formó la Comisión Presidencial para la Descentralización donde una de las propuestas fue justamente establecer una tasa Royalty Portuario.

Otro antecedente es el Acuerdo por Valparaíso que firmó el presidente Gabriel Boric donde, explícitamente, se prevé la implementación de un mecanismo legal que permita que el puerto aporte económicamente a la ciudad. Entonces, es una demanda histórica que tiene varias décadas y que apunta a hacer justicia territorial e integrar la actividad económica del puerto con la ciudad, que hoy día no está integrada.

Si bien el puerto genera empleo, genera crecimiento, eso no se expresa en términos concretos desde el punto de vista de la tributación, aportes o las contribuciones al presupuesto de las regiones ni de las comunas. Nosotros hemos tomado esta demanda, y dado que se ha dilatado el tiempo de su discusión, tomé la decisión y la iniciativa de trabajar en un proyecto de ley para abrir este debate y que es el primer proyecto que se presenta al respecto.

¿De qué manera se distribuirían los recursos recaudados por este royalty entre los distintos sectores de la ciudad y de la región también?

Esto es una compensación, no es un impuesto. El royalty es de un dólar por tonelada en régimen. ¿Y por qué digo en régimen? Porque este proyecto de ley prevé una gradualidad de tres años, de forma tal que el primer año se cobra un tercio de dólar, dos tercios de dólar el segundo año, y finalmente el tercer año un dólar por tonelada transferida sin distinguir entre tipo de carga.

Eso será cobrado a las empresas navieras, y lo recaudado anualmente se va a distribuir en un 50% para las comunas portuarias y en un 50% para la región, que se puede hacer a través de los gobiernos regionales. Además, el proyecto de ley prevé ciertas finalidades o destinos de los recursos que tienen que ver justamente con las mayores necesidades que existen en las ciudades puertos.

Yo soy diputado por Valparaíso y San Antonio, y acá el problema que tenemos básicamente es en relación con una enorme crisis de la infraestructura educacional pública, de la infraestructura de salud, del transporte, que es una crisis que se ha ido extendiendo en el tiempo. Esto permitiría financiar el rescate de zonas patrimoniales como el Barrio Puerto y otras obras de desarrollo comunal o regional. El destino de los recursos estaría enfocado en esos ámbitos.

Hay voces que han criticado esta propuesta y que señalan que podría reducir la competitividad de los puertos y afectar nuestro comercio exterior. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Discrepo de las críticas en el sentido que la competitividad de los puertos no se mide únicamente por los cobros o las compensaciones que se paguen, sino que también por otros factores como el tiempo o la capacidad de logística de los puertos, el tiempo que los barcos tienen que estar a la gira. Eso también influye en la competitividad. Si un barco tiene que estar más días eso genera una desventaja y, por lo tanto, no es el único factor. En segundo lugar, la compensación que nosotros proponemos es una compensación menor, es un dólar por tonelada, en consecuencia, si estamos hablando, por ejemplo, de una carga de un automóvil, que quiere decir 2,5 toneladas, estamos hablando de 2.500 pesos.

No tiene un mayor impacto desde el punto de vista de la compensación, pero sí va a tener un impacto muy significativo para la región, porque a veces se mira esto de una sola dimensión, de una sola perspectiva, pero la sola perspectiva es que va a significar recursos muy importantes, muy significativos. Estamos hablando, si tomamos en cuenta la carga transferida del año pasado son 34 mil millones de pesos y eso significa inversión en infraestructura y también crecimiento. En consecuencia, creo que hay que ver las dos perspectivas. Existe un consenso en torno a la necesidad de un royalty portuario. Creo que esto es una demanda transversal que se ha expresado en múltiples debates.

Invitaría a todos los actores del mundo portuario, incluidas las empresas navieras, a que nos sentemos a la mesa y que podamos llegar a acuerdos que determinan el potenciamiento de la actividad portuaria porque creo que en eso estamos todos de acuerdo.

¿Cuándo se votará este proyecto de ley?

Se votará el próximo lunes 15 de septiembre y eso determinará cómo sigue la legislación. Esperamos que tengamos una mayoría en la Sala de la Cámara de Diputados para pueda seguir su tramitación y podamos discutir los detalles que siempre van a ser motivo de debate. Espero que todos los actores sean escuchados y eso también es muy importante. Aquí tiene que haber un debate democrático y todos los actores de la actividad portuaria deben ser escuchados.

¿Dentro del proyecto existen mecanismos de fiscalización y transparencia para el uso de los dineros?

Eso no está contemplado en el articulado, sin embargo, creo que es una necesidad. Creo que la experiencia del royalty minero da cuenta de aquello y, por lo tanto, me parece que eso también debe ser materia de la discusión particular en la comisión donde se ha radicado el proyecto de ley. Me parece un punto importante respecto del uso transparente de los recursos que provengan del royalty portuario y que estén destinados, efectivamente, a las materias o las necesidades colectivas y públicas que están propuestas en el proyecto de ley.

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