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Permisología en Chile: US$3 mil millones de costo y más de 40 mil empleos en espera
El costo económico asociado a la permisología alcanzó los US$2.960 millones durante 2025, equivalente al 0,9% del PIB nacional. Tres de cada cuatro proyectos presentaron retrasos en su tramitación ambiental durante 2025 y, a mayo de 2026, siete de cada diez continúan atrasados.
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La permisología tuvo un impacto económico estimado de US$2.960 millones durante 2025, equivalente al 0,9% del PIB nacional, según el “Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) 2025” elaborado por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS). El informe cuantifica el costo asociado a los retrasos en la materialización de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), incorporando variables como inversión, rentabilidad esperada y tiempos de tramitación.
El estudio muestra que el costo aumentó 20% respecto de 2024, lo que equivale a US$490 millones adicionales. Este incremento refleja una mayor dilatación en la entrada en operación de iniciativas de inversión, con efectos directos sobre la actividad económica, la generación de empleo y la valorización de proyectos en distintas etapas.
Desde la USS, el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno, Alejandro Weber, sostuvo que la permisología se ha consolidado como una de las principales restricciones microeconómicas al desarrollo. En su análisis, los retrasos por sobre los plazos administrativos afectan la viabilidad financiera de los proyectos y postergan la creación de empleo asociado a nuevas inversiones.
El académico añadió que el contexto macroeconómico agrava el impacto, considerando la caída de 0,5% del PIB en el primer trimestre de 2026 y un mercado laboral con 39 meses consecutivos de desempleo sobre 8%. En ese escenario, el estudio estima que una reducción de los tiempos de tramitación podría aportar hasta US$3.000 millones adicionales al PIB y generar cerca de 40 mil empleos, con un potencial de expansión del crecimiento económico hasta un rango de 2,5% a 2,9%.
En términos de actividad del sistema, durante 2025 se registraron 581 proyectos tramitados, cifra 33% menor al promedio histórico de 20 años (865 proyectos). De ellos, 380 fueron aprobados, equivalente al 65% del total, mientras que los proyectos desistidos cayeron de 26% a 18% y los términos anticipados bajaron de 5% a 2%.
El informe advierte además que tres de cada cuatro proyectos (77%) presentaron retrasos en 2025, tendencia que se profundiza en 2026, donde siete de cada diez iniciativas (72%) aún en evaluación registran demoras. Estas iniciativas concentran inversiones por cerca de US$61 mil millones, reflejando un rezago relevante en el flujo de proyectos en el SEIA.
En cuanto a plazos, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) superaron los dos años de tramitación, aumentando de 776 a 790 días en 2025, mientras que las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) redujeron sus tiempos de 325 a 304 días. Sin embargo, al inicio de 2026 el sistema alcanzó un máximo histórico de 421 días promedio de evaluación, frente a un promedio histórico de 232 días.
Por sectores, la minería registró el mayor aumento en tiempos de tramitación, con un alza de 20%, seguida por infraestructura, energía e inmobiliario con variaciones más acotadas. El informe atribuye el deterioro a tres factores principales: mayores exigencias regulatorias, falta de coordinación entre servicios públicos y una capacidad institucional del Servicio de Evaluación Ambiental que no ha crecido al ritmo de la carga de proyectos. En paralelo, la inversión aprobada por el SEIA alcanzó US$42.581 millones en 2025, con fuerte concentración en energía y minería.
