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La hoja de ruta en materia logística y de comercio exterior del nuevo gobierno
Apertura comercial, reactivación de concesiones y ajustes regulatorios en energía marcarán el inicio del gobierno de José Antonio Kast a partir del próximo 11 de marzo, con foco en competitividad, reducción de costos logísticos y destrabe de proyectos estratégicos.
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Con José Antonio Kast ya electo como próximo presidente de Chile con el 58,17% de los votos, la agenda económica de su administración comienza a delinearse con un claro orden de prioridades para el sector productivo y logístico. El programa presidencial sitúa al comercio exterior como eje inicial, seguido por una estrategia de infraestructura pública y concesionada, y por ajustes institucionales y regulatorios en energía, con el objetivo de recuperar competitividad, atraer inversión y reducir fricciones operativas.
Desde la mirada logística, el enfoque apunta a fortalecer las condiciones habilitantes del crecimiento mediante apertura comercial, ejecución de proyectos de gran escala y señales regulatorias de largo plazo. La combinación de comercio exterior, infraestructura y energía configura un marco orientado a bajar costos sistémicos, mejorar conectividad y dar mayor previsibilidad a las cadenas de suministro, en un escenario marcado por desaceleración económica y proyectos estratégicos estancados.
En comercio exterior, la propuesta se articula sobre la apertura y el aprovechamiento de la red vigente de acuerdos internacionales, con énfasis en facilitar el intercambio más que en políticas sectoriales específicas. El enfoque considera desregulación, mayor coordinación entre organismos públicos que intervienen en exportaciones e importaciones y la exploración de nuevos destinos para los bienes chilenos, sin detallar instrumentos productivos o cadenas prioritarias.
El segundo eje corresponde a infraestructura, entendida como un factor habilitante y contra-cíclico. Así lo planteó Martín Arrau, jefe de campaña de Kast, al señalar que la inversión pública permite sostener actividad económica en escenarios de bajo crecimiento. Según expuso, cada US$ 1 millón invertido en infraestructura genera cerca de 10 empleos directos, además de impactos indirectos en logística, servicios y encadenamientos productivos.
El comando cuestiona la reducción de 17% en el presupuesto de ahorros públicos, advirtiendo que limita la capacidad del Estado para impulsar proyectos estratégicos. El diagnóstico identifica un freno estructural a la inversión asociado a inseguridad, sobrecarga regulatoria, sucesivas reformas e inestabilidad institucional, factores que han extendido plazos y encarecido la ejecución de obras.
La propuesta en infraestructura se organiza en cuatro áreas: seguridad hídrica y acceso al agua; conectividad y transporte de carga y pasajeros; equipamiento para servicios esenciales —como puertos fronterizos, comisarías y cárceles—; y una reforma institucional a la planificación. En este último punto, se plantea crear una Agencia Nacional de Infraestructura Pública, con autonomía técnica y foco de largo plazo.
En paralelo, Kast propone reactivar el sistema de concesiones para ampliar carreteras, desarrollar nuevas autopistas y acelerar proyectos portuarios y sanitarios, con participación privada. El plan incluye destrabar cerca de 30 concesiones paralizadas, equivalentes a US$ 13.000 millones, y avanzar en hasta 60 iniciativas de infraestructura relevante, bajo la coordinación de un comité de ministros con seguimiento desde la Presidencia.
El tercer eje corresponde a energía. La propuesta apunta a diversificar fuentes renovables y optimizar el uso de la capacidad instalada, mediante ajustes regulatorios que mejoren la coordinación entre generación y redes. Se anuncian mejoras institucionales en la CNE y el Coordinador Eléctrico Nacional, con el objetivo de reducir costos y dar señales de largo plazo, aunque sin detallar mecanismos específicos de implementación.
En conjunto, la hoja de ruta del próximo gobierno de José Antonio Kast plantea una reconfiguración del rol del Estado como facilitador del comercio, la inversión y la ejecución de infraestructura estratégica. La efectividad de esta agenda estará condicionada por su capacidad de traducir desregulación, coordinación institucional y reactivación de proyectos en mejoras concretas de conectividad, costos logísticos y competitividad energética, factores clave para el desempeño de las cadenas de suministro y el crecimiento de mediano plazo.
