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CPI propone Regla Fiscal para garantizar inversión en infraestructura en próximos 10 años
El Consejo elaboró un documento con 36 propuestas -entregado esta semana a los candidatos presidenciales-, las que apuntan a recuperar el crecimiento y así responder a las demandas sociales, territoriales y productivas.
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Avanzar hacia un incremento progresivo de la inversión en infraestructura —con énfasis en la colaboración público-privada— será clave para enfrentar los desafíos futuros del país y del próximo gobierno. Así lo afirma el documento elaborado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) que contiene 36 propuestas, el que fue entregado a los candidatos presidenciales.
El informe “Infraestructura para el desarrollo que queremos 2026-2030” -en cuya elaboración participaron más de 150 personas- sostiene que para impulsar el crecimiento sostenible es necesario aumentar la inversión, particularmente en infraestructura. Hoy, Chile destina en torno al 2,5% del PIB en infraestructura pública (incluyendo concesiones), mientras que países que han alcanzado altos niveles de desarrollo han sostenido inversiones cercanas al 5%.
En esta línea, el CPI propone que el nuevo gobierno adopte una Regla Fiscal de Inversión Pública (RFIP) que garantice una inversión sostenida en infraestructura pública del 3,2% del PIB durante 10 años, revisable cada 5 años, con un 2,5% proveniente del Presupuesto de la Nación y un 0,7% de fuentes privadas, destinándose a la expansión, reposición y mantenimiento de infraestructura.
Además, se plantea crear una entidad estatal de alto nivel para una planificación estratégica de infraestructura a largo plazo. Su objetivo es agilizar proyectos, optimizar recursos y asegurar la continuidad más allá de los ciclos políticos. Esto fortalecerá la colaboración público-privada, impulsando un desarrollo sostenible y equitativo para el país.
“Este documento incluye recomendaciones para impulsar un crecimiento sostenible del país, reconociendo el rol clave que tiene la inversión en infraestructura. Recuperar el dinamismo es fundamental para responder a las demandas sociales, territoriales y productivas presentes y proyectar el futuro de Chile”, señala Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI.
Junto con ello se indica que es necesario revisar las formas a través de las cuales se pueden llevar adelante proyectos de inversión en infraestructura pública a partir de las empresas del Estado. Entre las estrategias a seguir se menciona fortalecer las asociaciones público-privadas y la Ley de Concesiones para alcanzar un 7% del PIB en inversión acumulada en 10 años (0,7% anual), con licitaciones anuales de US$3.000 millones, diversificando proyectos, universalizando garantías de ingreso mínimo, flexibilizando normativas para AFP, y optimizando seguimiento y regulación.
A esto se recomienda sumar una revitalización de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido, incorporando gobiernos regionales, esquemas de garantías mínimas, mecanismos claros para modificar contratos y reembolsos por servicios, y que el Fondo Desarrollo País impulse nuevos proyectos de data centers, torres para telefonía móvil, infraestructura portuaria menor, habitacional y parques industriales mediante modelos innovadores de colaboración público-privada, entre otros.
Prioridades estratégicas
El Consejo reitera en su propuesta a los candidatos que el país necesita construir una política de infraestructura concebida como política de Estado para entregar servicios de calidad a la ciudadanía y a los distintos sectores productivos.
“Es fundamental que el próximo gobierno construya una política de infraestructura concebida como política de Estado para entregar servicios de calidad a la ciudadanía y a los distintos sectores productivos. La infraestructura puede y debe ser una herramienta para cerrar brechas, garantizar acceso equitativo a servicios y potenciar las vocaciones productivas de cada territorio, promoviendo un desarrollo más equilibrado y con sentido territorial”, dice Carlos Cruz.
En cuanto a las prioridades estratégicas se identifican pilares como ciudades integradas, inclusivas y sostenibles; logística nacional eficiente y resiliente (puertos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, última milla, otros); seguridad hídrica en el contexto del cambio climático; transición energética limpia y acelerar la infraestructura digital avanzada.
Con respecto al tema hídrico, se plantean cuatro líneas de acción, entre las que destacan fortalecer la gestión del agua mediante la creación de una autoridad única, como una agencia o subsecretaría, que formule una política nacional coherente, coordine entidades estatales, impulse un Plan Nacional de Infraestructura Hídrica y establezca un Sistema Unificado de Información Hídrica para la toma de decisiones transparentes.
Un área relevante también para abordar por los aspirantes a La Moneda es generar las condiciones para una infraestructura urbana bien planificada que reduzca brechas, mejore la calidad de vida y fomente la cohesión social. Así se sugiere -entre otras medidas- la creación de barrios sostenibles, entendidos como unidades urbanas que integran infraestructura, servicios y equipamiento para promover un desarrollo equitativo, movilidad accesible y bajo impacto ambiental.
Para asegurar el crecimiento y la competitividad del país, el CPI plantea una serie de acciones para posicionar a Chile como un hub logístico regional, a nivel latinoamericano, de primer nivel. “Consideramos que es necesario optimizar la cadena de suministro complementando los distintos modos de transporte (carretero, ferroviario, portuario y aeroportuario) de tal manera que cada uno opere donde sea más eficiente, reduciendo costos y tiempos de viaje entregando resiliencia de forma sostenible y aportando a la descentralización”, detalla Carlos Cruz.
Finalmente, el documento entrega cinco propuestas para asegurar un suministro energético estable, accesible y amigable con el medio ambiente; y cinco en el sector de infraestructura digital, con miras a construir un Chile más conectado utilizando la fuerza de la digitalización para cerrar brechas económicas y sociales.
