Comercio Internacional
Desalinización y marco hídrico: impacto en cadenas frutícolas de exportación
La definición de concesiones y regulación para plantas desalinizadoras incide en la estabilidad del riego, la continuidad productiva y la programación logística de la fruta de exportación. El debate legislativo afecta directamente volúmenes, trazabilidad y ventanas de embarque hacia puertos y mercados de Asia y Norteamérica.
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La comisión encargada de los asuntos hídricos en la Cámara de Diputados concentró su última sesión en dos definiciones con incidencia directa en la gestión de infraestructura y servicios asociados al agua: la persecución del robo de medidores en redes de agua potable y el avance regulatorio de los proyectos de desalinización tramitados con urgencia legislativa. Ambas materias fueron revisadas con apoyo de especialistas y con un foco puesto en los efectos operativos y normativos para los prestadores de servicios y los territorios.
En el primer punto, los académicos Ignacio Ridd y Juan Pablo Peña expusieron que la iniciativa que pretendía crear un nuevo delito específico para el robo y receptación de medidores resultaba redundante frente a las tipificaciones ya contempladas en el Código Penal. A su juicio, mantener el marco vigente permite utilizar herramientas procesales más eficaces en casos de afectación a infraestructura sanitaria y bienes públicos. La comisión coincidió con esos argumentos y terminó rechazando la propuesta tras una votación dividida.
Concluido ese debate, los diputados retomaron el análisis del proyecto que regula el uso de agua de mar para desalinización, una iniciativa sometida a “discusión inmediata” por el Ejecutivo y que debe ser despachada en plazos acotados. La discusión se centró en la duración de las concesiones para plantas y obras asociadas, aspecto clave para la viabilidad financiera de inversiones de gran escala vinculadas al abastecimiento urbano, industrial y minero.
El debate regulatorio también tiene implicancias directas para la matriz exportadora frutícola, especialmente en regiones donde la presión hídrica condiciona la continuidad productiva y la trazabilidad de la temporada. La disponibilidad de fuentes alternativas como la desalinización incide en la estabilidad del riego, la consistencia de los volúmenes de cosecha y la programación logística hacia puertos y centros de acopio, factores críticos en cadenas sensibles a la ventana de embarque —como cerezas, uvas y carozos— y a la competitividad de los envíos refrigerados a Asia y Norteamérica.
La instancia mantuvo el esquema de 30 años prorrogables por una única vez hasta completar 60 años, e incorporó una indicación que otorga preferencia al concesionario vigente al término del periodo para postular a una nueva concesión frente a terceros. Desde sectores oficialistas se remarcó la necesidad de revisar periódicamente estándares tecnológicos y ambientales, mientras que el Ministerio de Obras Públicas defendió el equilibrio entre certidumbre para el inversionista y resguardo del uso del borde costero.
Dado el volumen del articulado y la urgencia del trámite, la comisión acordó programar una sesión extraordinaria el lunes, incluso en paralelo al trabajo de Sala, con el objetivo de votar el proyecto en su totalidad y alcanzar despacho el martes 13 de enero de 2026. La definición será relevante para el desarrollo de nuevas fuentes de agua y para la planificación de infraestructura vinculada a la seguridad hídrica en regiones exportadoras con alta dependencia de la cadena frutícola.
