Columna de Opinión
Pesaje de camiones: entre la protección vial y la competitividad logística
Guillermo Schaffeld, director del Magíster en Dirección de Operaciones, Logística y Cadenas de Suministro de la Universidad Autónoma de Chile, analiza el impacto del proyecto de ley de pesaje de camiones en la logística y competitividad de los sectores productivos.
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La protección de la infraestructura vial es incuestionable. Los camiones con sobrepeso dañan el pavimento y elevan significativamente los costos de mantenimiento. Sin embargo, la propuesta reactivada en 2025 va más allá de reforzar la fiscalización estatal: obliga a agentes que no son dueños de la carga —puertos, aeropuertos, operadores logísticos— a realizar auto pesaje mediante básculas de precisión certificadas. Esto implica diseñar sistemas, generar manuales de operación, definir procedimientos de mantenimiento y transmitir información en línea al MOP.
El desafío es lograr el cuidado de las carreteras sin afectar la eficiencia de la cadena logística ni privatizar funciones públicas. El MOP asegura que no habrá gasto fiscal adicional, pero sin un aumento real en capacidad de fiscalización estatal, la carga operativa recaerá en empresas privadas. Esto genera tres problemas críticos: incremento de costos por instalación y mantenimiento de básculas; congestión logística por colas de espera y reducción de eficiencia operativa; e impactos ambientales por frecuentes puestas en marcha de los motores durante las esperas, mayor consumo energético de sistemas digitales y aumento de emisiones contaminantes.
Existen alternativas más eficientes. Primero, reconocer internacionalmente los Certificados de Peso Verificado (VGM) para evitar repesajes innecesarios. Segundo, establecer incentivos y sanciones claras donde el Estado fiscaliza y sanciona, mientras el sector privado colabora con información sin asumir funciones públicas. Tercero, implementar gradualidad mediante pruebas piloto y escalamiento medido para evaluar impactos antes de obligaciones sistémicas.
Otra opción es que el MOP no abandone su responsabilidad pública: instalar sistemas en terminales operados directamente por el Estado, con costos operativos menores e impactos ambientales reducidos, utilizando fiscalización al azar.
En conclusión, proteger las carreteras es relevante; pero imponer costos y responsabilidades mal diseñadas a la logística no lo es. La ley debe equilibrar la protección vial con la competitividad empresarial y el crecimiento económico que Chile necesita. El foco debe estar en un diseño normativo que no hipoteque la eficiencia del sistema.
