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José Antonio Kast: “El problema no es la falta de recursos, es la incapacidad de ejecutar”
La discusión sobre permisos, tramitación y regulación volvió al centro del debate económico, con énfasis en inversión, construcción y crecimiento potencial. En un escenario de bajo dinamismo, la agenda apunta a remover barreras administrativas que hoy afectan proyectos productivos y logísticos.
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Durante los últimos años, la economía chilena ha enfrentado un escenario de inversión contenida, proyectos detenidos y una creciente percepción de incertidumbre regulatoria. A ello se suma un sistema de permisos y autorizaciones que distintos actores califican como fragmentado, lento y poco predecible. La tramitación ambiental, sectorial y municipal se ha convertido en un factor crítico para la materialización de iniciativas productivas, particularmente en sectores intensivos en capital como infraestructura, construcción, minería, energía y logística.
En este contexto, el debate sobre permisos no se limita a una discusión técnica, sino que se cruza con variables macroeconómicas como crecimiento, empleo, formación de capital fijo y competitividad país. Así, desde una mirada estratégica, se planteó que la lentitud de los procesos administrativos no solo retrasa proyectos individuales, sino que erosiona la capacidad del país para capturar oportunidades en comercio exterior, cadenas de suministro y desarrollo territorial.
En el marco de su intervención en el encuentro Icare 2026, el presidente electo José Antonio Kast sostuvo que el sistema actual “no distingue entre proyectos que generan valor y aquellos que requieren mayor control”, apuntando a la necesidad de introducir criterios de proporcionalidad y plazos efectivos. “El problema de Chile no es la falta de recursos, es la incapacidad de ejecutar”, afirmó, subrayando que existen inversiones aprobadas que no se concretan por la acumulación de trámites posteriores.
Kast agregó que “cuando un permiso demora años, el costo no lo paga solo el inversionista, lo paga el empleo, la productividad y la recaudación futura”, vinculando directamente la burocracia con el desempeño económico. Desde su perspectiva, la agenda de permisos debe enfocarse en destrabar proyectos estratégicos, especialmente aquellos asociados a infraestructura, logística, energía y vivienda, sectores con alto efecto multiplicador.
A su turno, el posible futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, centró su planteamiento en el impacto macroeconómico de la regulación, particularmente en el sector construcción, que representa cerca del 70% de la formación bruta de capital fijo del país. “Ese 70% está gobernado por una maraña de regulaciones que nacen de la ordenanza general de urbanismo y construcción y de décadas de arbitrariedad”, señaló, apuntando al rol de las direcciones de obras municipales y las interpretaciones administrativas.
Quiroz fue explícito al cuantificar el problema: “Hoy día obran 15.000 instructivos que los obtiene cualquier DOM. Para toda obra que alguien quiera hacer, existe algún instructivo que la puede parar”. Como primera medida, planteó la eliminación total de estos instructivos mediante una circular única, junto con una reducción drástica de las 1.500 circulares vigentes, que pasarían a solo once. “Las podríamos reducir a cero, pero llevamos tantas décadas funcionando con circulares que es mejor dejar algunas para que la gente sepa a qué atenerse”, explicó, enfatizando la necesidad de certeza regulatoria.
Mayor flexibilidad regulatoria, mejor forma para integrar recursos públicos
El futuro ministro ilustró el efecto práctico de la normativa con un ejemplo urbano: “Si vas a construir un edificio normal de 200 departamentos cerca de una estación de Metro, juntas todas las normas y descubres que necesitas tres estacionamientos subterráneos por departamento. Por eso no hay ninguna construcción”, afirmó, vinculando directamente regulación, costos y paralización de proyectos inmobiliarios.
En esa línea, sostuvo que el alto precio de la vivienda no responde principalmente a falta de crédito o subsidios, sino a restricciones normativas: “Las casas son muy caras para lo que ganan los chilenos porque hemos inventado foros”. Respecto a las políticas de apoyo a la demanda, fue claro en señalar que “el subsidio a la tasa sirve para terminar con el stock, pero no es la solución final. La solución es liberar las amarras de la inversión en Chile”, enfatizó.
Quiroz comparó el impacto potencial de esta agenda con hitos estructurales del pasado. “En magnitud macroeconómica, esto es parecido a la apertura del comercio internacional que vio Chile”. El diagnóstico se extendió también al uso del territorio y los activos del Estado. “Chile tiene mucho suelo. Tenemos 1.500 kilómetros de costa, toda propiedad del Estado. ¿Ustedes saben la riqueza que es esa en un mundo más libre?”, planteó.
En su análisis, una mayor flexibilidad regulatoria permitiría integrar de mejor forma recursos públicos y privados, especialmente en un escenario de ciclo favorable para el cobre y las exportaciones. Finalmente, Quiroz aseguró que la agenda no es solo declarativa ya que “vamos a llegar el 11 de marzo con los decretos escritos y los proyectos de ley listos”, afirmó y apuntó a una implementación inmediata. “Este es un tema que llevamos preparando hace mucho tiempo”, concluyó, reforzando la señal de prioridad política y económica que tendrá la reforma al sistema de permisos en el próximo ciclo.
Como cierre, el debate instalado en Icare 2026 anticipa que la reforma al sistema de permisos será uno de los ejes estructurales del próximo ciclo económico, con efectos directos sobre inversión, ejecución de proyectos y competitividad logística. La magnitud de los cambios planteados apunta a redefinir la relación entre regulación y desarrollo productivo, en un escenario donde acelerar la formación de capital fijo, destrabar infraestructura y reducir costos sistémicos aparece como condición clave para recuperar crecimiento y posicionamiento de Chile en las cadenas globales de valor.
