Logística y Distribución
Concesiones ferroviarias: eje estructural para la logística de carga en Chile
El régimen concesional y el principio de interoperatividad sostienen el desarrollo del sistema ferroviario nacional, una red de 5.400 kilómetros clave para la conexión portuaria, la inversión privada y la competitividad logística del país.
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El desarrollo del sistema ferroviario y su marco concesional se ha instalado como una prioridad para el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y para las áreas técnicas vinculadas al transporte y la logística. Desde la perspectiva del Estado, las concesiones ferroviarias permiten activar inversión privada, fortalecer la infraestructura existente y movilizar volúmenes relevantes de carga a lo largo del país, con impactos directos en competitividad y eficiencia logística.
El Sistema Ferroviario Nacional cuenta hoy con una extensión aproximada de 5.400 kilómetros, conectando el extremo norte en Iquique con el sur en Puerto Montt. A esta red se suma el ramal Arica–La Paz, operado por una filial de EFE, que marca el límite norte del sistema ferroviario chileno y refuerza su carácter estratégico en términos de integración regional.
Esta infraestructura se organiza en dos grandes subsistemas que convergen en el eje La Calera–Santiago. Por una parte, la Red Norte, configurada principalmente en trocha métrica, corresponde mayoritariamente a infraestructura de propiedad privada y orientada exclusivamente al transporte de carga. Por otra, la Red Sur opera con trocha ancha de 1.676 mm y pertenece al Estado, bajo la administración de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).
Una característica estructural del sistema ferroviario chileno es que su funcionamiento se sustenta en el principio de interoperatividad. Este concepto busca conformar un mercado común de transporte ferroviario, donde puedan participar tanto operadores públicos como privados en condiciones de competencia, respondiendo a las dinámicas y expectativas del mercado.
Este principio se materializa, en el caso de EFE, a través del esquema de Open Access, que permite el acceso de operadores privados a la infraestructura estatal. En paralelo, para los actores privados rige la Ley General de Ferrocarriles, cuyo artículo 51 establece como obligación que "las empresas ferroviarias interconecten sus líneas cuando esto sea requerido, habilitando un uso común de esa infraestructura, predeterminaciones, acuerdos respecto a condiciones técnicas operacionales, incluyendo la definición de un precio o peaje”, señaló el jefe del Departamento de Transporte Terrestre del MTT, Hans Voigt.
Dicha normativa contempla acuerdos sobre condiciones técnicas y operacionales, así como la definición de precios o peajes por el uso de la infraestructura. De este modo, el sistema ferroviario no se limita a un conjunto de vías o a un modo alternativo de transporte, sino que se configura como una plataforma logística que articula procesos productivos intensivos en carga.
El rol estratégico del ferrocarril se expresa, en particular, en su capacidad para conectar puertos con zonas de producción, así como para vincular nodos de desarrollo económico. Esta conectividad resulta clave para la viabilidad de proyectos de inversión asociados a minería, industria, agroexportaciones y comercio exterior.
Modo ferroviario como herramienta de reducción de costos
Desde el punto de vista institucional, el diseño regulatorio es considerado un factor crítico para asegurar la estabilidad y sostenibilidad del sistema ferroviario en el largo plazo. La existencia de reglas claras en materia de acceso, tarifas y concesiones es vista como una condición habilitante para atraer capital privado y garantizar continuidad operacional.
“Es importante mencionar que la Red Norte se orienta exclusivamente al transporte ferroviario de carga, donde cada empresa ferroviaria mantiene su infraestructura y material rodante en función de demanda específica de mercado. La Red Sur opera bajo un esquema de transporte ferroviario mixto siendo EFE el responsable del mantenimiento de su infraestructura”, indicó Voigt quien agregó que los operadores privados transportan carga mediante contratos de acceso, pagando tarifas por el uso de la red estatal.
Para viabilizar la logística de carga a gran escala, el ordenamiento jurídico chileno contempla el régimen de concesiones ferroviarias, entendido como un mecanismo de naturaleza pública que fortalece la competitividad del sistema. Este régimen permite resguardar la continuidad de los servicios y facilitar la adaptación de la red a las crecientes necesidades del mercado.
Un ejemplo concreto de este modelo es el taller de mantenimiento concesionado en la bahía de Mejillones, que interactúa con redes existentes asociadas al Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia. Este tipo de infraestructura demuestra cómo el marco concesional permite articular inversiones privadas con redes ferroviarias ya operativas.
En este contexto, la actividad ferroviaria es entendida como una función propia del Estado, que se delega a privados a través del régimen de concesiones. De acuerdo con la Ley General de Ferrocarriles, corresponde al presidente de la República otorgar las respectivas concesiones mediante procesos de licitación pública.
El marco normativo vigente establece las bases sobre las cuales se estructuran estas concesiones, definiendo derechos, obligaciones y condiciones de operación. Este esquema busca equilibrar el rol estratégico del Estado con la eficiencia y capacidad de inversión del sector privado.
Desde una mirada logística, el fortalecimiento del sistema ferroviario y de su régimen concesional se perfila como una herramienta clave para reducir costos de transporte, descongestionar carreteras y mejorar la sostenibilidad del sistema de carga a nivel nacional. En la medida que se consoliden estas condiciones institucionales y operativas, el ferrocarril está llamado a jugar un rol cada vez más relevante en la matriz logística del país, especialmente en corredores de alto volumen vinculados a puertos, minería y comercio exterior.
