E-Commerce
Comercio digital: Chile refuerza disciplina clave en sus tratados internacionales
Chile ha incorporado disposiciones avanzadas sobre comercio electrónico y libre flujo de datos en la mayoría de sus acuerdos comerciales, con el objetivo de reducir barreras, garantizar certidumbre regulatoria y abrir nuevas oportunidades a pymes y exportadores de servicios digitales.
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La política comercial chilena ha incorporado de manera creciente disciplinas sobre comercio digital en sus acuerdos internacionales, con el objetivo de facilitar la inserción de pymes y emprendedores en los mercados globales. Este marco busca reducir costos de acceso, derribar barreras de entrada y aprovechar el rol estratégico de los datos como motor de innovación en la economía.
En este contexto, Piero Guasta, asesor del Departamento de Inversiones, Servicios y Economía Digital de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), destacó que desde 2004 Chile ha procurado incluir capítulos de comercio electrónico en la mayoría de sus tratados. Según explicó, esta visión responde a la necesidad de dar certezas a los exportadores digitales en un escenario de creciente competitividad internacional.
El representante de SUBREI -en el marco del webinar de la Fundación Chilena del Pacífico titulado “Chile y el Comercio Digital”- subrayó que, en la actualidad, casi todos los acuerdos comerciales vigentes contemplan disciplinas avanzadas en materia de comercio digital, con excepción de China y Argentina, que se han limitado a un enfoque más tradicional. “Lo relevante es que Chile ha impulsado la adopción de reglas modernas que dan certeza a los exportadores digitales”, afirmó.
Entre los principios clave que han guiado esta política está la moratoria sobre aranceles a las transmisiones electrónicas, vigente en la Organización Mundial del Comercio desde 1998. Según Guasta, este compromiso evita encarecer la transferencia de productos digitales y permite que la red global de datos funcione con eficiencia, sin distorsiones derivadas de cargas arancelarias que podrían afectar la velocidad y competitividad de los servicios chilenos.
Otro de los ejes fundamentales es el libre flujo de datos, que impide a los países bloquear o restringir el intercambio transfronterizo de información digital. Enfatizó que este principio se ha convertido en la norma general de los acuerdos de Chile, con excepciones puntuales relacionadas con la protección de datos personales. Este esquema busca dar seguridad a las pymes de que sus productos digitales no enfrentarán barreras inesperadas en los mercados de destino.
El asesor detalló también la importancia de evitar la localización forzada de servidores, una práctica que encarece la internacionalización de los servicios digitales. Al impedir que los países exijan el establecimiento de infraestructura en sus territorios, se facilita la competencia global y se refuerza la posición de Chile como hub regional de data centers. Esta cláusula, recíproca en los acuerdos, permite a empresas locales elegir las plataformas más convenientes para sus operaciones.
El software, un bien o un servicio
En materia de protección de datos personales, Guasta explicó que Chile reconoce excepciones que permiten aplicar regulaciones según la legislación nacional, aunque subrayó la necesidad de avanzar en marcos normativos estatales más robustos. En este aspecto, señaló que la Unión Europea aplica un modelo más restrictivo, lo que ha sido aceptado por Chile como un estándar sin mayores conflictos hasta la fecha.
Otro punto destacado fue la inclusión en algunos tratados de normas sobre productos digitales, que buscan evitar disputas sobre si el software debe considerarse un bien o un servicio. Al establecerlo como una categoría reconocida, se asegura que cuente con trato no discriminatorio y se eliminan incertidumbres regulatorias. Guasta señaló que esta definición es parte del Acuerdo de Economía Digital (DEPA) y de pactos con Asia-Pacífico y Estados Unidos.
El funcionario de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales añadió que los capítulos de comercio digital han incorporado elementos como la firma electrónica, la protección al consumidor y, en algunos casos, reglas sobre el código fuente de software. Estas disposiciones, aunque presentes en un número limitado de acuerdos, entregan un resguardo adicional al desarrollo tecnológico de pequeñas y medianas empresas.
Guasta destacó que, desde 2007, Chile comenzó a medir la exportación de servicios digitales, un indicador que, si bien se basa en registros voluntarios de empresas, muestra una tendencia de crecimiento sostenido. En particular, el diseño de software y los servicios asociados han experimentado un aumento significativo, con una proyección positiva pese a las distorsiones estadísticas ocasionadas por la pandemia.
Las cifras más recientes muestran que el valor de las exportaciones de servicios digitales alcanzó los 71 millones de dólares, con Estados Unidos y América Latina como principales destinos. Aunque aún es una magnitud pequeña frente a sectores tradicionales como el agrícola, Guasta afirmó que este segmento representa un campo con gran potencial de expansión.
El auge del hosting y de la infraestructura de almacenamiento digital fue otro de los fenómenos destacados, en línea con la creciente relevancia de los data centers en el comercio internacional de servicios. A su juicio, esta tendencia refuerza la importancia de las disciplinas de localización y libre flujo de datos, que permiten a Chile insertarse en la economía digital con ventajas competitivas.
La estrategia chilena en comercio digital busca, en definitiva, dar certezas regulatorias a las empresas, impulsar la internacionalización de pymes tecnológicas y mantener al país en una posición proactiva en foros multilaterales. Los avances no solo se reflejan en cifras de exportación, sino también en la consolidación de un marco normativo que prepara a Chile para competir en la economía global basada en datos.
